La Ley de Vivienda, que entró en vigor hace seis meses, ha generado mucha controversia en el ámbito inmobiliario y político. La normativa permite establecer un tope a los alquileres en zonas tensionadas y ha provocado una contracción de la oferta de alquiler, caídas de facturación de las agencias, despidos y un mayor interés por el mercado de venta. Según explican profesionales y asociaciones, en los últimos meses la normativa está provocando una caída de la facturación de las empresas del sector, despidos de personal y un giro del negocio hacia el segmento de la compraventa, ante las dificultades para cerrar operaciones vinculadas a los alquileres, que ya no es rentable para muchas agencias. A corto plazo, descartan que el escenario mejore, lo que deja a muchas empresas del sector en una situación económica crítica.
En cuanto a los inquilinos, la ley de vivienda no afecta directamente a los inquilinos, sino que se enfoca en regular el mercado de alquiler y proteger a los inquilinos de los precios abusivos en zonas tensionadas. La ley establece un tope a los precios de alquiler en zonas tensionadas, lo que puede beneficiar a los inquilinos que buscan alquilar una vivienda en estas zonas. Además, la ley establece medidas para proteger a los inquilinos frente a los desahucios y garantizar el acceso a una vivienda digna.
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