El Gobierno aprueba un seguro de impagos para proteger a propietarios que alquilen a jóvenes y vulnerables.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno, impulsado por los compromisos adquiridos con Junts, establece un sistema de cobertura pública para proteger a los pequeños propietarios de vivienda ante el riesgo de impagos en los contratos de alquiler.

La medida está específicamente enfocada en incentivar el alquiler a jóvenes y familias vulnerables. El mecanismo funciona como un seguro que no solo garantiza el cobro de las rentas impagadas, sino que también cubre los daños causados a la vivienda y el coste de los suministros básicos (agua, luz, gas) que hayan quedado pendientes de pago por parte del inquilino.

Para que los propietarios puedan acceder a esta cobertura, deben cumplir una serie de requisitos estrictos, incluyendo estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, se ha indicado que el precio del alquiler en estos contratos deberá ajustarse al índice estatal de referencia del precio del alquiler en las zonas tensionadas. La cobertura se aplica a contratos que estuvieran vigentes en una fecha límite, como el 30 de enero de 2025, según las últimas informaciones.

La gestión de estas compensaciones será delegada a las Comunidades Autónomas, que serán las responsables de implementar y abonar las ayudas.

Finalmente, el Real Decreto se enmarca en un paquete más amplio de medidas pactadas con Junts, que también incluyen el avance en la tramitación parlamentaria para acelerar los procedimientos de desalojo de inmuebles okupados, buscando reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado y aprobado un Real Decreto para establecer un sistema de cobertura para los propietarios de viviendas que sufran impagos de alquiler, especialmente en contratos con jóvenes y familias vulnerables. Esta medida, negociada con Junts, busca compensar a los arrendadores no solo por las rentas no percibidas, sino también por los posibles daños causados a la vivienda y el coste de los suministros pendientes. La gestión de esta cobertura será competencia de las Comunidades Autónomas, y para que los propietarios puedan acceder a ella, deberán cumplir con requisitos como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.