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La ley de vivienda catalana, entre la regulación de los precios y el conflicto constitucional.


Ha contado con el rechazo de la oposición, que la considera inconstitucional, intervencionista e ineficaz. Ya que invade las competencias del Estado en materia civil para regular las bases contractuales de los alquileres. Vulnera la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada, y no respeta el principio de seguridad jurídica ni el de igualdad entre los ciudadanos. Por estos motivos ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. A su vez, el Parlamento de Cataluña ha anunciado que también presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, para defender su autonomía legislativa y la validez de la ley. La ley entrará en vigor en un plazo de tres meses, pero su aplicación dependerá del resultado de los recursos judiciales y de la disponibilidad de datos sobre los precios de los alquileres.

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