El tiempo que se tarda en desalojar a un okupa de una vivienda en España ha aumentado considerablemente en los últimos años. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 12 meses en 2023, frente a los 10,6 meses de 2022. Si se suman los procedimientos de las Audiencias Provinciales, en caso de apelación, el tiempo total para echar a un okupa de una vivienda con una sentencia en firme alcanza los tres años, con 35,9 meses.
Las comunidades autónomas con los plazos más largos para desalojar okupas son:
Murcia: con un promedio de 27 meses.
Canarias: 26 meses.
Andalucía: 24,9 meses.
El número de ocupaciones ilegales de viviendas ha ido en aumento en los últimos años, lo que ha puesto aún más presión sobre el sistema judicial. En 2023, se registraron un total de 44.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, un 10% más que en 2022. El aumento de las ocupaciones ilegales y la lentitud de los procesos judiciales para desalojar a los okupas ha generado un gran malestar entre los propietarios de viviendas, quienes en muchos casos se sienten desamparados por la ley.
El Gobierno español ha tomado algunas medidas para intentar agilizar los desalojos, como la creación de juzgados especializados en ocupaciones ilegales y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto significativo en la reducción del tiempo que se tarda en desalojar a un okupa.
El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España sigue siendo un tema complejo y controvertido, con posturas encontradas entre quienes defienden el derecho a la vivienda y quienes abogan por una mayor protección de la propiedad privada.
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